Encuestas internas, crisis hídrica y presión empresarial cierran el paso a la postulación en el municipio cabeño
El escenario político hacia el relevo de los ayuntamientos en Baja California Sur definió un punto de quiebre institucional. Las dirigencias nacionales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT) determinaron de manera concluyente no respaldar la intención de reelección del alcalde Christian Agúndez Gómez en Los Cabos. La resolución partidista responde a los resultados arrojados por mediciones demoscópicas internas, donde el edil acumuló los niveles más altos de saldo negativo y polarización ciudadana en la demarcación.
La evaluación municipal se dio tras el proceso previo de selección para la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, ejercicio en el que Agúndez Gómez quedó rezagado frente a los perfiles de Manuel Cota Cárdenas y Milena Quiroga Romero. De acuerdo con operadores de la coalición, el criterio estatutario establece que los aspirantes con márgenes de desaprobación preponderantes no pueden encabezar candidaturas unitarias en plazas estratégicas como Los Cabos, polo neurálgico de la derrama económica y turística estatal.
“Los partidos deben abstenerse de postular a perfiles con señalamientos o vínculos que comprometan la seguridad y la certidumbre de las familias y los sectores productivos en el municipio”, suscribieron en pronunciamientos conjuntos Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, y Óscar Morando Villa, titular de la CANIRAC local.
Colapso de servicios públicos y endeudamiento de corto plazo
El desgaste de la gestión municipal se encuentra respaldado por indicadores oficiales. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI ubicó a Baja California Sur en el segundo peor lugar nacional en satisfacción ciudadana sobre suministro de agua potable y recolección de residuos sólidos, atribuciones de competencia estrictamente municipal. En diversas colonias populares de Cabo San Lucas y San José del Cabo, los tandeos por la red hídrica se prolongan hasta por 60 días continuos, propiciando un mercado paralelo de pipas particulares con cobros que alcanzan hasta 3,500 pesos en efectivo por viaje.
A la par de la crisis en servicios urbanos, la administración municipal afrontó cuestionamientos por manejo financiero. A pesar de los ingresos adicionales derivados del cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA) a visitantes extranjeros, el Cabildo documentó la contratación reiterada de créditos bancarios de corto plazo por cerca de 1,000 millones de pesos a lo largo de dos años y medio, destinados prioritariamente al pago de nómina y aguinaldos.
“Aun con los ingresos extraordinarios generados por la ampliación del derecho de saneamiento ambiental, el endeudamiento de corto plazo por casi mil millones de pesos evidencia desequilibrios administrativos insostenibles”, denunció en sesiones edilicias la regidora Petra Juárez.
En materia de seguridad interna, el trienio acumuló hechos de alto impacto institucional que erosionaron la confianza ciudadana, entre ellos la renuncia y posterior hallazgo del cuerpo del exoficial mayor municipal Carlos Alberto Beltrán, el homicidio del director administrativo de Seguridad Pública Ángeles Ojeda en septiembre de 2025, y la vinculación a proceso penal de un mando policial municipal por feminicidio. Ante este panorama, los comités nacionales de la coalición determinaron cerrar el paso a la postulación de Agúndez, iniciando mesas técnicas para seleccionar una candidatura de consenso territorial, en apego a las coberturas de Noticias Apyt.
Equipo de redacción
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