Representación legal de Sasha Sokol acusa a Luis de Llano de desobedecer sentencia judicial y alterar la disculpa ordenada
CIUDAD DE MÉXICO. Tras la difusión de un video publicado por Luis de Llano el pasado 2 de noviembre, la representación legal de la cantante y actriz Sasha Sokol emitió un posicionamiento formal en el que advierte que el productor de televisión no ha dado cumplimiento a la condena judicial por daño moral, sino que ha incurrido en un acto abierto de desobediencia y desacato procesal.
De acuerdo con el comunicado emitido por la defensa, la justicia mexicana —incluyendo la confirmación definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)— declaró en firme la responsabilidad civil de Luis de Llano y lo condenó a ofrecer una disculpa pública formal. En el marco del proceso de ejecución de sentencia, el Juzgado correspondiente aprobó de manera estricta el texto exacto que el demandado debía emitir, resolución que reviste carácter de cosa juzgada.
Sin embargo, los abogados de Sokol denunciaron que el mensaje divulgado por el productor altera de manera sustancial el contenido mandatado por las autoridades:
“Bajo la apariencia de un lenguaje jurídico, Luis de Llano no pretende modificar la forma, sino el fondo: sustituye el reconocimiento de su posición de poder y responsabilidad por expresiones que presentan lo ocurrido como una relación entre iguales. Luis de Llano no solo está retrasando el cumplimiento de una obligación judicial, sino pretendiendo sustituir el texto aprobado por el Juzgado. La disculpa pública no es una concesión suya, sino un derecho de Sasha.”
Asimismo, la defensa legal precisó que la jueza de la causa dictó un procedimiento específico diseñado para evitar la revictimización: el sentenciado debía remitir previamente la grabación al tribunal, la víctima tenía el derecho de revisarla y únicamente tras dicha validación correspondía al órgano jurisdiccional autorizar su difusión pública. Dicho protocolo fue omitido de manera unilateral por De Llano.
El equipo jurídico recordó que esta conducta se suma a un historial reiterado de incumplimientos que ha derivado en la aplicación de diversas medidas de apremio, incluyendo multas procesales y el arresto administrativo que le fue ejecutado el 2 de septiembre de 2026. Ante ello, confirmaron que promoverán todas las acciones legales conducentes para exigir la ejecución forzosa e íntegra de la condena, concluyendo que “una sentencia es una orden judicial, no una sugerencia”.
Equipo de redacción — Noticias Apyt
