La delimitación jurídica entre la operación de programas gubernamentales y la autopromoción de funcionarios públicos fue llevada al centro de la agenda parlamentaria en Quintana Roo. En la sede del Congreso local en Chetumal, se presentó formalmente una iniciativa de reforma legislativa orientada a reforzar los candados en materia electoral, garantizando que los beneficios sociales conserven su naturaleza de derechos ciudadanos y no puedan utilizarse con propósitos de posicionamiento político personal.
El proyecto plantea la adición del artículo 400 Bis a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo. La norma tipificaría de manera expresa como infracción electoral el hecho de que personas servidoras públicas distribuyan o promocionen programas, bienes o subsidios incorporando nombres, rostros, voces, colores específicos o logotipos que busquen incidir en la equidad de los procesos comiciales o generar ventajas partidistas.
Naturaleza de los programas sociales como derechos colectivos
El sustento técnico de la propuesta radica en que los programas gubernamentales se financian mediante recursos públicos de la recaudación hacendaria, por lo que su entrega no puede presentarse como una concesión graciosa o dádiva de quien ostenta el cargo público:
“Los recursos son públicos, los programas sociales son derechos adquiridos por la ciudadanía y nadie debe utilizarlos para construir una imagen política personal. La legislación debe cerrar cualquier resquicio que permita presentar las acciones de gobierno como favores individuales, preservando la institucionalidad y la transparencia”.
— Majo Osorio, diputada promovente en el Congreso de Quintana Roo.
Asimismo, la reforma contempla que la difusión de las acciones de gobierno deba realizarse estrictamente a través de los canales institucionales formales, manteniendo un carácter exclusivo de orientación social, información pública o educación cívica.
Debate democrático y trámite en comisiones
De avanzar en comisiones y recibir el aval del pleno, la adición legislativa dotará al Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y a los órganos jurisdiccionales de mecanismos sancionatorios más directos para inhibir el desvío funcional de la propaganda gubernamental. El análisis de la reforma iniciará en las comisiones de Puntos Electorales y Gobernación, donde legisladores de las diversas fracciones parlamentarias revisarán su armonización con el artículo 134 de la Constitución federal.
Equipo de redacción
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