La brecha en el diagnóstico oportuno y el acceso temprano a la atención médica continúan representando los mayores obstáculos para frenar la transmisión comunitaria del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el país. En el marco de la discusión legislativa del Paquete Económico federal para el ejercicio 2027, la organización internacional AIDS Healthcare Foundation (AHF) México emitió un enérgico exhorto a las y los diputados federales para etiquetar una partida presupuestal suficiente, transparente y medible destinada a universalizar las pruebas de detección y vincular de inmediato a tratamiento a las personas afectadas.
De acuerdo con estimaciones epidemiológicas de la Secretaría de Salud fundamentadas en el modelo Spectrum, en el territorio nacional habitan aproximadamente 430 mil personas con VIH, de las cuales el 30% —alrededor de 128 mil personas— desconoce su condición serológica. Esta ausencia de detección temprana desarticula la cascada nacional de atención hacia las metas globales 95-95-95 fijadas para 2030: aunque entre quienes ya cuentan con diagnóstico el 95% recibe terapia antirretroviral y el 95% alcanza la supresión viral indetectable, en el universo total de personas que viven con el virus en México solo el 66% se encuentra en tratamiento y apenas el 63% mantiene supresión virológica. Asimismo, datos del Boletín Epidemiológico de Censida revelan que el 45.6% de las personas diagnosticadas llega a los servicios hospitalarios en etapa avanzada (presentadores tardíos).
Guillermo Bustamante Vera, Coordinador General de Programa de País de AHF México, puntualizó: «El presupuesto asignado a la respuesta al VIH no debe tasarse exclusivamente en función de suministrar medicamentos a quienes ya conocemos en los registros hospitalarios; resulta indispensable fondear decididamente la búsqueda activa de quienes aún no tienen diagnóstico. Si tres de cada diez personas con VIH no lo saben, es imposible alcanzar el control epidemiológico rumbo al 2030, lo que terminará generando un quebranto en la salud pública y en las finanzas del Estado». La organización destacó además que en 2025 se confirmaron 67 registros de transmisión vertical materno-infantil, enfatizando que la aplicación obligatoria de pruebas en el primer trimestre de gestación reduce el riesgo de transmisión al recién nacido a menos del 1%.
Equipo de redacción
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